Construcción de nueva penitenciaría en Emboscada es fiscalizada por 5 profesionales de planta



Cinco son los profesionales de planta designados para fiscalizar la construcción de las nuevas penitenciarías en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

Este equipo está conformado por profesionales designados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Justicia, en el marco de un convenio firmado entre ambas instituciones, mientras concluye el proceso licitatorio para dicho efecto.

En ese sentido, debido a la cantidad de consultas recibidas, la recepción y apertura de ofertas que debía realizarse este viernes 17 de enero pasó para el 5 de febrero próximo.

La convocatoria se encuentra publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) bajo el ID: 371055 “Llamado N° 180/2019 Licitación Pública Nacional para la Fiscalización de la Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios Ad Referéndum Al Presupuesto General de la Nación 2020”

Esta licitación abarca la fiscalización de las 3 futuras nuevas penitenciarías (Lotes 1, 2 y 3) el precio referencial global para esta consultoría ronda los ₲ 12.000.000.000, lo que representa aproximadamente ₲ 4.000.000.000 por lote.

Hay que recordar que los trabajos preliminares de construcción de la primera sede penitenciaria correspondiente al Lote 1, en la ciudad de Emboscada, se iniciaron en setiembre del 2019 en donde actualmente se ejecutan tareas de movimiento de suelo.

Este lote fue adjudicado a la firma Aponte Latorre por la suma de G. 62.324 millones.

Por su parte el Lote 2, también en Emboscada, estará a cargo de la firma Consorcio Cordillera, por un monto de G. 62.299 millones; mientras que el lote 3, para la construcción de la cárcel de Minga Guazú, fue otorgado al Consorcio AGB Tocsa por G. 66.342 millones

Estas nuevas sedes penitenciarias albergarán al 40% del total de los reclusos del país, donde se implementará un nuevo modelo de gestión, basado en las exigencias internacionales en el manejo de las personas privadas de libertad en materia de rehabilitación, seguridad y reinserción social.